Desde el 16 de enero, se ha vivido una intensificación de las situaciones de enfrentamiento entre grupos armados en Norte de Santander, que han generado afectaciones para miles de los habitantes de la zona. Más de 40 mil personas han sido desplazadas y sobre los 12 mil se encuentran en situación de confinamiento forzado. Adicionalmente, la intensificación de la conflictividad armada ha generado homicidios, heridos, desapariciones, amenazas y ocupaciones ilegales de viviendas, lo que deja secuelas de miedo, luto e incertidumbre para los sobrevivientes. Entre los afectados, se encuentran estudiantes, docentes y familias vinculadas al sistema educativo. Se estima el desplazamiento de 500 docentes. Se interrumpieron los estudios de 46.032 niños, niñas y adolescentes.
Estas situaciones vulneran el derecho a la educación. El desplazamiento forzado de miles de familias en el oriente del país por la acción de los grupos armados supone dificultades o la imposibilidad del inicio del año escolar 2025 para muchos. La permanencia indefinida de niños y jóvenes en albergues o en casas de familiares se traduce en una suspensión indefinida tanto en los procesos de socialización que se dan en la escuela como en los aprendizajes. La situación pone de presente la reflexión sobre los efectos de la desterritorialización y el desplazamiento en la alteración de las dinámicas comunitarias, afectando fuertemente los espacios escolares que tienen que servir de lugar de refugio o que se desocupan porque tanto los estudiantes y sus familias como los maestros deben abandonar el territorio.
La desterritorialización y el desplazamiento que generaron los enfrentamientos armados y sus violencias en las últimas semanas no sólo obligó al cierre de las escuelas, principal espacio de acogida, cuidado y protección donde parte de los estudiantes reciben las principales y a veces las únicas comidas del día, también frenó los procesos de aprendizaje de estudiantes especialmente, en zonas rurales. Dado que inmediatamente después de un desplazamiento forzado la prioridad es la vida y la integridad de las personas y posteriormente, el primer lugar de preocupación de las familias lo ocupan tener una vivienda y una actividad económica para sobrevivir, el retorno de niños y adolescentes a la escuela puede tomar un tiempo largo, siendo posible también que parte de los estudiantes abandonen definitivamente las aulas, lo cual implica un rompimiento definitivo de su trayectoria educativa con efectos posteriores negativos tanto en el desarrollo de su potencial humano como en sus posibilidades de ingreso y vinculación al mundo laboral como adultos.
Evitar el aumento de los rezagos de aprendizaje que se traducen en brechas educativas y evitar las deserciones definitivas de los estudiantes debe ser la tarea central de las autoridades escolares posterior a estos procesos de desplazamiento forzado. En este orden de ideas, garantizar las necesidades básicas y las condiciones de seguridad para que las familias y los maestros reconstruyan el tejido social y la cohesión de sus comunidades educativas, debe ser un propósito y un compromiso compartido entre el estado y los diversos actores sociales asentados en los territorios. Se aplauden los esfuerzos que se han generado para lograr la reapertura de algunas instituciones educativas y la apertura de espacios temporales que permiten la continuidad de la educación, como es el Colegio Temporal para la Paz, una institución adecuada por el Ministerio de Educación y la gobernación del Norte de Santander para estudiantes afectados por el conflicto.
Acciones concretas como respaldar al profesorado en todo lo necesario para el retorno seguro a las clases y apoyar a las familias con los recursos económicos y las condiciones de seguridad para que tengan la confianza que sus hijos retornan a la escuela sin riesgos revisten la mayor importancia. Es necesario seguir apoyando a las comunidades para desarrollar estrategias pedagógicas que faciliten la continuidad del proceso de enseñanza y aprendizaje, a pesar de la suspensión de clases, mientras que se desarrolla el acompañamiento prioritario a las escuelas y comunidades educativas para una pronta y definitiva reapertura. Otras acciones pertinentes a tener en cuenta es la urgencia de la simplificación de trámites requeridos para los procesos de matrículas y la premura en la celebración de contratos y convenios para la alimentación y el transporte escolar. Desconocer que muchas de las familias salieron de sus casas con lo primero que encontraron dejando sus pertenencias, entre ellas, documentos y las exigencias de trámites burocráticos para la celebración de contratos como estamos acostumbrados en el país, pueden ampliar los tiempos de desescolarización de los niños y jóvenes e incluso ser el detonante de abandonos definitivos de las escuelas. También es importante la implementación de estrategias de atención en salud mental para estudiantes y docentes y el trabajo conjunto para la protección de las instituciones educativas para que sirvan de entorno protector de los niños, niñas y adolescentes en el departamento.
En todo este panorama, es fundamental la atención y apoyo hacia los docentes. Los docentes son agentes clave del proceso educativo y en situaciones de crisis asumen roles adicionales de liderazgo y protección. No se puede perder de vista que los educadores también son afectados personalmente: viven desplazamiento, pérdidas y ataques directos. Se debe brindar acompañamiento focalizado para garantizar su bienestar y seguridad, fundamentados en procesos participativos que respeten sus voces y necesidades.
La situación del oriente del país es grave y requiere de nuestra atención colectiva. Tristemente, no es el único lugar donde las acciones violentas de grupos armados y la desatención histórica del estado se conjugan para poner en riesgo el derecho a la educación. Aunque son clave las acciones reactivas para responder a situaciones emergentes como la que se vive en el Norte de Santander, también es necesario que se prioricen esfuerzos de largo plazo para el fortalecimiento de la resiliencia del sistema educativo, como es la implementación de la Declaración de Escuelas Seguras y la consolidación de la Política de Educación en Emergencias y Gestión Integral del Riesgo Escolar. Esperemos que los anuncios de los últimos días sobre las iniciativas gubernamentales para abrir las escuelas en el Catatumbo sean exitosas y nos dejen muchos aprendizajes.
Nancy Palacios
Profesora Asociada y directora de Licenciaturas - Facultad de Educación - Uniandes
María José Bermeo
Profesora Asociada - Facultad de Educación - Uniandes
