Asusta, aunque no extraña, la declaración de Gabriel Jaime Vallejo, representante a la Cámara, quien afirma que la baja calidad del sistema educativo colombiano se debe a las ideas políticas de los maestros (al parecer, ¡de todos los maestros!).
Permítanme aclarar: la educación no es la causa de la inequidad ni los docentes son los culpables. La misión de la educación es formar a la ciudadanía para su desarrollo personal y la movilidad social, de manera que todos los ciudadanos, sin distingo de su origen, aprendan lo necesario para enfrentar la vida y tener oportunidades similares para realizarse como personas. Cuando uno abre la llave de agua para beber en Bogotá, independientemente del estrato en el que esté la vivienda, la calidad del agua es la misma. Así ha de ser la educación: un bien público, masivo, de igual calidad para todas las clases sociales.
Sin embargo, un sector de nuestra sociedad y buena parte de la clase política parecen desconocer este objetivo. En lugar de rodear a sus docentes, robustecer sus capacidades y fortalecer el sistema para mejorar la educación y las condiciones de vida de la mayoría, prefieren invertir poco, desprestigiar el aprendizaje, subestimar el conocimiento riguroso y difamar a los maestros. Así, también es fácil asumir como natural la desigualdad social y confundir el privilegio con el talento intelectual y las oportunidades con el mérito académico. Cuando una sociedad no se moviliza para reforzar su sistema educativo, este, en vez de transformar las desigualdades, las refleja y las ratifica. Para quienes estas circunstancias son aceptables, es fácil tomar por causas lo que en realidad son las consecuencias y no ver que la educación de los educadores también es producto de un sistema escolar que privilegia a los más favorecidos. No nos engañemos, con simplemente ampliar el número de estudiantes matriculados no estamos igualando las oportunidades de los ciudadanos.
Si no queremos reafirmar la inequidad, debemos invertir en el desarrollo profesional de los docentes para tener una educación de calidad que pueda democratizar el saber y superar los determinismos sociales. Una educación que no se limite a reproducir privilegios, sino que nos conduzca a construir el Estado que nos propone nuestra Constitución Política. Una educación para consolidar una sociedad democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana y en la prevalencia del interés general; en la que sean efectivos el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de expresar y difundir el pensamiento, la protección del trabajo y la garantía de las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. Una sociedad en la que nadie sea molestado por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas, ni obligado a actuar contra su conciencia.
Publicado en El Espectador.
